CAPÍTULO 6. INDIGENAS Y MINORIAS ÉTNICAS

PRIMERA PARTE: INDÍGENAS EN COLOMBIA
CONTEXTUALIZACIÓN: LA IMPORTANCIA DEL DERECHO EN LA HISTORIA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
EL INDÍGENA COMO CIUDADANO
DE LOS 60’S HASTA HOY: EL RENACIMIENTO DE LA IDENTIDAD
PROBLEMAS ACTUALES DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS
CONCLUSIÓN

INDÍGENAS¹.

Una primera mirada, de índole netamente cuantitativa, sobre la situación actual de los grupos indígenas en Colombia puede lograrse acudiendo a la sistematización efectuada por el antropólogo Gerardo Reichel-Dolmatoff en 1.966. En ella, las 81 etnias existentes en nuestro país, organizadas en más de 450 comunidades, se catalogaron en las siguientes áreas geográficas:

Estos grupos, a su vez, hablan igual número de lenguas, pertenecientes a 9 familias lingüísticas: Chibcha, Arawak, Caribe, Huitoto, Quechua, Guahibo, Sáliva, Tinigua, y Tukano-Makú. Entre ellos se pueden ver ejemplos exitosos de distintos tipos de adaptación al medio ambiente: desértica, andina, y de selva tropical, con las múltiples variaciones socioculturales que ello implica. No existen cifras exactas respecto del total de su población, por varios problemas técnicos al efectuar los censos, incluyendo su movilidad territorial y la llamada "movilidad étnica", esto es, la posibilidad de que exista un amplio margen de variaciones individuales y culturales en cuanto a la definición de un individuo como "indígena". No obstante, las cifras oscilan entre 400.000 y 600.000 individuos en total, esto es, menos del 2% de la población del país. De entre ellos, los Páez, Wayúu, Embera e indígenas nariñenses dan cuenta de más del 50% del total; el resto son individuos adscritos a 77 grupos diferentes².

CONTEXTUALIZACIÓN: LA IMPORTANCIA DEL DERECHO EN LA HISTORIA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

La dinámica histórica de las comunidades indígenas ha estado condicionada en gran parte por las acciones del Estado. Es necesario comprender la forma como éste manifestó –y manifiesta- su poder respecto de los pueblos autóctonos; ello refiere inmediatamente a la retórica jurídica. En efecto, si hubo un imperio basado íntegramente en el Derecho, al menos de puertas para afuera, ése fue el imperio español. Desde el momento en que se recibieron las primeras noticias del nuevo continente, la Corona se esforzó por legitimar, ante la divinidad y ante la ley, la dominación que de hecho ejercía sobre los territorios de Ultramar. En gran parte, la historia de la Colonia se trazó a partir de una sucesión interminable de Reales Cédulas, Ordenes, Capitulaciones, Acuerdos, de regulaciones y decisiones de las instancias burocráticas imperiales en América, así como de profundos debates teóricos en los centros intelectuales de mayor importancia de la época, con la trascendencia y sofisticación conceptual del debate de Las Casas y Sepúlveda en 1550, o de los escritos de Francisco de Vitoria, que dieron nacimiento al Derecho Internacional Público.

Pero no es lo jurídico el único ámbito sobre el cual se estructura este trabajo; en efecto, el Derecho es uno de los tres ejes conceptuales sobre los cuales se debe trazar un esbozo de la realidad indígena. Los otros dos son la tierra y la identidad. La tierra, porque desde un principio las relaciones entre los indígenas y los colonizadores se establecieron en términos de desplazamiento y control territorial: en los procesos de resistencia del siglo XVI o de la actualidad, en las interminables reclamaciones jurídicas a instancias estatales relacionadas con el constante y progresivo desposeimiento territorial indígena, en el valor simbólico que la tierra posee para las tradiciones culturales autóctonas, y también en la ineludible necesidad económica de subsistir individual y colectivamente, la importancia de la tierra es patente y frontal. También surge la tierra como eje conceptual en la medida en que es en torno a ella que se han estructurado las políticas estatales colombianas respecto a los indígenas, desde la constitución de los primeros repartimientos a los Conquistadores, hasta la disolución y posterior recuperación progresiva de las tierras de resguardo, pasando por las políticas de fomento a la colonización, de delegación de autoridad en los grupos misionales, y de reforma agraria. Todos estos aspectos tienen una incidencia necesaria sobre la vida de las comunidades indígenas.

Finalmente, la identidad, entendida a la vez como el sentimiento individual de pertenencia al grupo, y como la manifestación subjetiva de las pautas culturales indígenas, es importante en el doble sentido de haber sido hasta hace poco tiempo el foco principal de los ataques del Estado a la integridad de estas comunidades (a través de la educación, la evangelización y la imposición de la lengua española), y también de ser el lugar por excelencia de las reacciones indígenas a la dominación, y de las adaptaciones y reacomodaciones subsiguientes. En este punto, debe aclararse que la identidad étnica es, por definición, un rasgo dinámico, esto es, se halla en constante proceso de transformación y re-creación, como respuesta a las circunstancias históricas particulares que cada grupo debe enfrentar. La identidad es, así, una categoría relacional: se estructura en la medida en que el grupo debe confrontar estímulos externos –e internos-, readecuando sus normas y su configuración para hacer frente a las circunstancias. En Colombia, las reacciones culturales de los indígenas frente a los ataques de evangelizadores, colonos, terratenientes y educadores a su integridad étnica, han sido de diversos tipos: configuración de movimientos armados, surgimiento de movimientos en torno a líderes con tintes mesiánicos, suscripción de convenios con el Estado, pero especialmente, movimientos de renacimiento cultural, que buscan recuperar, preservar y desarrollar las tradiciones que se sienten como "propias" frente a la imposición colonial o republicana.

EL INDÍGENA Y LA CONQUISTA DEL TERRITORIO

En la era global es difícil comprender el impacto que pudo tener para los europeos del siglo XV el hecho de encontrarse, literalmente, con un Nuevo Mundo, poblado de seres humanos con costumbres desconocidas y cubierto por una naturaleza exorbitante: la irrupción de lo ajeno, del Otro, de una alteridad inesperada que exigía ser comprendida, categorizada, incorporada al sistema de pensamiento occidental. Para los españoles, reinos cristianísimos que acababan de salir de las guerras de Reconquista de su territorio contra los Moros, y que a través del sistema de la Inquisición ya habían emprendido y llevado a su culminación una de las campañas más cruentas y masivas de la historia contra los judíos, América tuvo una especial significación: era el premio divino a su celo religioso, y una empresa aún más digna de él que las recientes Cruzadas de Oriente. No es de extrañar, entonces, que las primeras percepciones de América y de sus habitantes por el ojo occidental, estuvieran mediadas por fuertes filtros: el fervor religioso, la extrañeza frente a lo completamente nuevo, el espíritu de cruzada, la codicia de oro, la simbología medieval⁴."

Una vez superada en parte la fantasía del encuentro, el pensamiento europeo sobre América tomó un rumbo diferente, especialmente en lo referente a los indígenas. Desde un principio, América fue objeto de marcadas ambigüedades en la representación que se le daba en los escritos de cronistas y funcionarios. Por una parte, estaba la visión "platónica" de América, que la concebía como un paraíso virgen donde podría reproducirse el ideal social del Occidente cristiano; para quienes se encontraban agobiados por los problemas interinos de Europa, "América fue ante todo fantasía, esperanza, ilusión; frente al paraíso perdido de la libertad, ahogado por el despotismo de señores feudales y de príncipes renacentistas, América representa para el europeo del siglo XV, el Paraíso de la dignidad del hombre. (...) frente al hombre pervertido del Viejo Mundo, el indio americano es el representante de las virtudes primigenias; sus cualidades, pretendidas o reales, se oponen a los vicios del europeo así como sus instituciones puras, simples, generosas, deberían presentarse como paradigmáticos modelos de sabiduría y política"⁵. Por otra parte, se encontraba la visión de América como una tierra de seres bárbaros, que cometían los pecados (occidentales) más imperdonables, lo cual justificaba su sometimiento a las buenas leyes de Castilla. En realidad, estas posiciones encontradas no solo eran consecuencia de la extrañeza que causó el encuentro de América en las mentes europeas; eran también la contraparte teórica necesaria del inmenso debate jurídico que se suscitó en torno a la legitimidad de la conquista de América y de sus habitantes por parte de los españoles.

El sometimiento de los indígenas planteaba problemas especiales. En un principio, los conquistadores –que eran literalmente contratistas del Rey, que les encomendaba a través de un documento llamado "capitulaciones" la conquista y colonización del nuevo territorio- recibieron como prenda de gratitud real la propiedad de parte de las tierras conquistadas, bajo la figura del "repartimiento", que implicaba la obligación de evangelizar a los indígenas, y los derechos correlativos de percibir su tributo –en la medida en que eran súbditos reales-, y recibir sus servicios personales, fuera para actividades domésticas, para explotación de los recursos o simplemente para proveer compañía erótico-afectiva. El sometimiento personal de los indígenas fue de especial algidez; desde un principio, su esclavización buscó ser justificada con títulos jurídicos, principalmente por los pecados que cometían. Desde 1.504, ya se decía que los indígenas caribes de las actuales costas colombianas merecían la esclavitud "por los pecados de sodomía, idolatría, y porque comían carne humana"⁶.

En la práctica, se impuso un sistema de dominación territorial en cabeza de los Conquistadores, quienes se arrogaban el derecho de imponer trabajos, obligaciones y castigos a los recién encontrados indígenas. Este fue,el punto de partida de la catástrofe demográfica y cultural que representó el dominio español. Cuyas causas se encuentran entre otras en el desplazamiento forzado de grandes masas poblacionales a trabajar hasta la muerte en apartadas regiones mineras –incluyendo las temibles minas de plata de Mariquita-, con la consiguiente fragmentación familiar y destrucción de las premisas fundamentales del orden cultural preexistente; y, sobretodo, las enfermedades -las altas densidades poblacionales de los pueblos americanos en el siglo XV permitieron un vehículo veloz de transmisión para enfermedades tan mortales como la viruela, la la difteria, la rubiola, la peste bubónica, la malaria, la fiebre tifoidea, el cólera, el dengue, la disentería y la influenza, entre otras, que arrasaron por lo menos con la mitad de la población-.

Por estos factores, la primera década del siglo XVI vio la destrucción y virtual desaparición de pueblos tan poderosos como los Aztecas o los Incas, y en Colombia como los Quimbayas o los Zenú entre muchísimos otros. Desde ahí en adelante, se inició el proceso (que hoy todavía está desarrollándose) de lucha por la supervivencia, la integración y el reconocimiento, proceso que corrió parejo con el de las readecuaciones socioculturales que les impuso a los indígenas, como primera necesidad, la intrusión inesperada de la Historia de Occidente.

Los siglos XVI y XVII estuvieron plagados de controversias en torno a la legitimidad del sometimiento de los indígenas. Fue tal la agitación por el bienestar de los indios en las Cortes europeas, derivada de conocimientos directos sobre los abusos de los encomenderos, queel emperador Carlos V replanteó su política imperial en 1541, año en que reunió una junta especial de consejeros, fruto de cuyas discusiones fue la elaboración de las Leyes Nuevas de 1542, que asumían una postura mucho más benéfica frente a los indígenas, abolían servicio personal y transformaban a los indios en vasallos directos de la corona, instaurando el sistema de la "Republica de Indios", separada pero dependiente de la República de los Blancos. Las "Nuevas Leyes" prohibieron la esclavitud de los indios, con sanciones para quienes vendian los nativos de las encomiendas. La reacción de los colonos no se hizo esperar: a través de sus altos contactos en la corte, se opusieron a la implementación fáctica de dichas leyes, que acatarían sin cumplirlas, justificándose en lo que consideraban como la "condición vil" de los indígenas, que legitimaba su sometimiento.

La presión constante de los encomenderos llevó a que Carlos V convocara en 1550, en su corte en Valladolid, a una "Congregación" de los letrados y teólogos más eminentes de todo su imperio, destinada a decidir con autoridad sobre la justicia o injusticia de someter a los indios a la esclavitud. En dicha congregación, se dio el famoso debate entre Bartolomé de las Casas y Hernando de Sepúlveda, vocero de los intereses de los encomenderos. Sepúlveda argumentaba que la guerra de conquista y el sometimiento de los indígenas era justo.¹⁰. Las Casas, por su parte, argumentaba que sí era posible someter a los indígenas a la jurisdicción de la Corona, por virtud de las bulas papales de 1.493 en adelante; sin embargo, como el título para transferir tal jurisdicción fue la evangelización de las sociedades americanas, dichos poderes no podían ser delegados en otros españoles distintos al Rey mismo, esto es, no podían ser delegados en los encomenderos, quienes no tenían título entonces para someterlos personalmente. Las Casas era partidario de la creación de un "reino tutelar", en el cual los indígenas vivieran aparte de los españoles pero bajo la tutela del Rey, quien debía proveer las condiciones para su conversión a la fe, pero no les podía privar de sus derechos naturales a la propiedad y al gobierno por sus propios príncipes. A la larga, este argumento fue el que salió avante, por cuanto defendía los intereses de la Corona frente a la desobediencia de los encomenderos. Las Leyes Nuevas fueron implementadas, y posteriormente la idea de la "República de Indios" fue ratificada por los Monarcas en sus mandatos.

En este entorno, se definió como política de la Corona el que la riqueza de Indias era un regalo de Dios que permitiría a los reyes de Castilla propagar la fe entre los indígenas, como objetivo prevalente. Ello implicaba la justificación del sometimiento en función de su objetivo religioso, en tanto encargo sagrado, ratificado por las bulas papales. La contraparte jurídica de esta política, fue la creación de un sistema que permitía a los indígenas vivir en tierras (de resguardo), reducidos a pueblos en el sentido territorial español, regidos por sus propias leyes en lo que no contraviniera el Derecho Español y la sana moral católica. Sometidos filosófica y legalmente al Imperio, e incorporados a un sistema de evangelización y tributación que a la larga remató, durante la Colonia, el proceso de etnocidio iniciado con los primeros conquistadores, los indígenas vieron así consolidada su posición como minoría política y externalidad cultural, un hito fundamental de su historia.

LA CONSOLIDACIÓN COLONIAL

Con estos antecedentes, y durante toda la época colonial, la política imperial de España respecto a la República de Indios, se materializó en que a éstos se les adscribió a sus respectivos territorios, y se les aisló socialmente -al menos esa era la voluntad de la ley-, para preservar sus usos y costumbres inalterados mientras se convertían progresivamente al cristianismo. La idea de los resguardos era que prestaban una doble utilidad: protegían nominalmente a los grupos indígenas de la usurpación de tierras y del contacto con sus vecinos mestizos y blancos, y además facilitaban inmensamente el cobro de los tributos a los cuales todavía estaban sujetos. Asimismo, la población del resguardo debía estar concentrada en los "pueblos de indios", con lo cual se facilitaba inmensamente su control y evangelización. Cada resguardo, además de contar con las autoridades indígenas tradicionales, debía entonces tener dos funcionarios cuyos gastos y remuneración corrían por cuenta de la Corona: un cura doctrinero, que debía vivir en el pueblo, y desde 1.560 un corregidor de indios, encargado de organizar el recaudo del tributo, obrar como funcionario judicial y coordinar el abastecimiento de mano de obra indígena para trabajar en los campos, obras públicas, obrajes y minas.

Para el siglo XVII, era claro que las presiones que se cernían sobre los indígenas para incorporarlos a la vida y economía coloniales eran demasiado fuertes, como para mantener la idea abstracta de una República de Indios; a su turno, éstos se vieron enfrentados a una doble alternativa: o se hispanizaban, o se reforzaban comunitariamente, consolidando sus identidades particulares en defensa a los múltiples factores de aculturación que los comenzaron a atacar.

El crecimiento exponencial de los grupos sociales de mestizos y otros tipos "mezclados" (esto es, resultantes del contacto entre los grupos blanco, indígena y negro), implicaba una creciente demanda por las tierras, que comenzaban a escasear; asimismo, implicaba la intromisión de los mezclados en los resguardos para trabajar, por fuera de la prohibición oficial. Incluso a través de estrategias como el matrimonio entre indígenas y mestizos u otros mezclados, que fue muy frecuente, se procuraba acceso a los beneficios territoriales del resguardo.

Un problema relacionado, que contribuyó a enturbiar el panorama de la República de Indios, fue la disminución drástica de su población. No solo por efectos de las mencionadas enfermedades, que continuaron estragando los pueblos a lo largo de la Colonia y hasta hoy, y de los maltratos físicos sufridos por castigos y labores forzadas; también fueron causa de esta disminución el mestizaje creciente, y la profunda crisis sociocultural desatada por la colonización.

Fue durante el período colonial, también, cuando se consolidó la representación dominante de los indígenas, una representación por definición peyorativa, que daba sustento a su status legal como menores de edad. Los defectos mas frecuentemente atribuidos en comunicaciones oficiales y documentos informales, son la ociosidad, la pereza, la escasez de luces, el alcoholismo, y el robo. Estas connotaciones, y su refuerzo legal, jugaron un papel fundamental, al dotar el término "indio" de un contenido descalificador; no en vano, incluso hoy en día a menudo se oye utilizar el término con intención de insultar al receptor.

En resumen, durante el período colonial se atentó oficialmente contra los elementos constitutivos de la identidad indígena. Contra la tierra, a través de la parcelación y venta progresiva de los resguardos; contra la identidad cultural, a través de la evangelización y la sujeción forzosa a las pautas culturales hispanas, que prevalecían sobre las normas indígenas; contra la lengua, elemento constitutivo de la cultura, no solo a través de su utilización inicial como elemento de evangelización, sino a través de la ulterior proscripción de todo uso público de los idiomas indígenas. Así, se dictó el 10 de mayo de 1.770 una Real Cédula "para que en los Reynos de las Indias se destierren idiomas de que se usa y solo se hable el castellano".

EL INDÍGENA COMO CIUDADANO

Las guerras de independencia marcaron una transición conceptual profunda en la representación y las políticas desplegadas por el Estado respecto de los indígenas. Como lo que se buscaba construir era una República, conformada por individuos libres e iguales en consonancia con los postulados de la Revolución Francesa y de los Derechos del Hombre, se buscó eliminar cualquier rezago colonial que obstruyese el pasaje de todos los ciudadanos de la nación a la calidad de individuos efectivos –ello, al menos en teoría-. Entre tales rezagos, los resguardos indígenas, y en general el régimen jurídico de tales grupos, ocuparon un lugar primordial: con la sola excepción de Cartagena, todas las ciudades independentistas plantearon en su constitución la división de los resguardos existentes en su territorio, en la medida en que la propiedad comunal de las tierras se visualizaba como un obstáculo para poner a los indígenas en igualdad de condiciones frente a los demás ciudadanos. Parcelando los resguardos, y otorgando la propiedad privada de cada parcela a las familias, se les dotaba del arma ("burguesa") de la propiedad privada. Bolívar aceptó esta política a nivel nacional, a través de decreto de 20 de mayo de 1.820, pero con la sola condición de que los indígenas podrían disponer de las tierras de resguardo durante cinco años más. Ello, por cuanto se vio enfrentado al doble peligro de, por un lado, mantener el esquema colonial con el que se buscaba romper a toda costa, y por otro, de facilitar la pérdida de la tierra de los indígenas por su impericia comercial; se optó por un periodo de transición. De hecho, durante esos 5 años –como siempre- se presentaron muchos casos de arriendo y venta clandestina de tierras.

La parcelación de los resguardos no fue la única medida de igualación que buscó tomar la naciente República. Mediante una Ley del Congreso que se publicó en la Gaceta de Colombia de marzo 3 de 1.822, los representantes nacionales se pronunciaban de la siguiente manera:

"El Congreso General de Colombia, convencido de que los principios más sanos de política, de razón y de justicia, exigen imperiosamente, que los indígenas, esta parte considerable de la población de Colombia que fue tan vejada y oprimida por el Gobierno español, recupere en todo sus derechos igualándose a los demás ciudadanos, ha venido en decretar, y decreta lo siguiente:

Art. 1. Los indígenas de Colombia, llamados indios en el código español, no pagarán en lo venidero el impuesto conocido con el degradante nombre de tributo; ni podrán ser destinados a servicio alguno por ninguna clase de personas, sin pagarles el correspondiente salario, que antes estipulen. Ellos quedan en todo iguales a los demás ciudadanos y se regirán por las mismas leyes. ...Art. 3. Los resguardos de tierras, asignados a los indígenas por las leyes españolas, y que hasta ahora han poseído en común, o en porciones distribuidas a sus familias, solo para su cultivo, según el reglamento del Libertador Presidente de 20 de mayo de 1.820, se les repartirán en pleno dominio y propiedad, luego que los permitan las circunstancias, y antes de cumplirse los 5 años.Art. 4. A cada familia de indígenas, hasta ahora tributarios, se le asignará de los resguardos la parte que le corresponda, según la extensión de estos y número de individuos de que se componga la familia".

Esta ley mantenía la figura jurídica de los protectores de indígenas, para los casos en que se requiriera su asistencia; sin embargo, estableció explícitamente que en lo relativo a los demás procesos civiles o criminales a que hubiere lugar, los indígenas estarían en pie de igualdad con los demás ciudadanos, en la categoría de "miserables" (por ende exentos del cobro de los derechos judiciales).

La división oficial de los resguardos, que solo se hizo efectiva a nivel oficial hasta 1850, en realidad también estuvo justificada por los notables intereses económicos que tenía detrás: la mano de obra barata, y la tierra. Ello aseguró el apoyo de la clase dirigente. Los sucesivos gobiernos republicanos, que vieron en el estilo de vida del indígena andino y en la tenencia colectiva de sus tierras un obstáculo para la modernización y el progreso, impulsaron consistentemente esta política de disolución y liquidación de los resguardos; ello no fue un proceso homogéneo, en parte por problemas técnicos y en parte por las múltiples resistencias opuestas por los indígenas, para quienes era más conveniente mantener su propiedad colectiva, en vez de "colombianizarse" a través de la propiedad de pequeñas parcelas. En últimas, subsistieron numerosos resguardos para el momento de la siguiente transición legislativa, cual fue la de la Ley 89 de 1.890.

Fue en este período, en el que el mapa de la colonización de territorios indígenas sufrió una mutación sustancial. La política estatal de aproximación selectiva al territorio nacional, que deja en literal olvido grandes extensiones de la República, se tradujo en una incorporación diferencial de los grupos indígenas de diferentes áreas del territorio a la vida política de la nación. Hasta mediados del siglo XIX, el énfasis de la acción estatal se había centrado en las zonas Andina y Atlántica; permanecían casi completamente olvidados los territorios de la Amazonía y la Orinoquía, entre otros. Sin embargo, hacia la década de 1.860, se ve un importante impulso a la industria de extracción del caucho, que para 1.880 ya tenía un sistema consolidado de explotaciones en los bajos Caquetá y Putumayo, cuyos productos salían al mundo por el Río Magdalena. Por efecto de la posterior Guerra de los Mil Días, se bloqueó tal ruta económica, lo cual forzó a los empresarios a franquear las riberas del Putumayo, llegando a Manaos e Iquitos, donde hicieron contacto con el comerciante Julio Arana, y acordaron con él explotar los valles hasta entonces inexplorados del Caraparaná e Igaraparaná, hacia el occidente amazónico colombiano. La irrupción de la Casa Arana, en realidad significó para los pueblos de huitotos, nonuyas, boras, andoques, muinanes y ocainas (entre otros) que poblaban la región, una virtual esclavización que trajo consigo consecuencias comparables a las del sometimiento efectuado por los encomenderos.

Desde las guerras de independencia hasta la Regeneración, la posición liberal era la de terminar rápido con las comunidades indígenas, porque eran una forma de organización social contraria al completo desarrollo del individuo y al progreso, favoreciendo el mestizaje; y la posición conservadora era mantener al indio separado en su resguardo donde existiera tranquilamente, confiando la redención de esta "raza inferior" a la iglesia, para que poco a poco se incorporara a la civilización y así se depurara la raza nacional. Con la terminación del régimen federal, se impuso la segunda postura: la Regeneración rechazó las reformas de la independencia, y reestableció a la Iglesia y al Estado como los ejes para la educación cristiana de la población indígena, dentro de un marco proteccionista que culminó, con la expedición de la Ley 89 de 1890. De acuerdo con ésta, los indígenas del país pertenecían a uno de tres grupos: los salvajes, que no habían sido integrados a la cultura nacional a través de la figura del resguardo (que de hecho correspondían a los pueblos periféricos de los Llanos Orientales, la Amazonía, la Serranía del Perijá, la Guajira, el Chocó y la Sierra Nevada de Santa Marta); los que estaban en vía de civilización, y que correspondían a los habitantes de los pocos resguardos que quedaban para ese entonces; y los civilizados, que ya no vivían en resguardos sino en parroquias. Para los salvajes, se estableció la delegación de la autoridad estatal en las misiones religiosas, que tendrían a cargo su reducción, evangelización y progresiva incorporación a la civilización a través del culto; para los demás, se estableció una administración de corte estatal. Al dar la propiedad comunal de la tierra y la facultad de regirse por "cabildos" que aplicarían las normas tradicionales, a los indígenas que habitaban resguardos, la Ley 89 se convirtió en el estandarte de la lucha indígena hasta la actualidad. En este sentido, prescribía que los grupos salvajes no se regirían por las leyes generales de la república, quedando sujetos al régimen de misiones, y que los grupos que habitaban resguardos, se someterían a la autoridad de sus cabildos, que aplicarían las tradiciones jurídicas locales en lo que no contraviniera la legislación general de la República. Es clara en este sentido la continuidad con el régimen colonial; asimismo, dotó a los cabildos indígenas del carácter de mediadores entre la comunidad indígena, su derecho, y el derecho nacional.

No debe olvidarse que si bien la Ley 89 permitió la supervivencia de los resguardos, impuso asimismo una ideología integracionista, que buscaba reducir progresivamente a los pueblos indígenas a la civilización, vía la evangelización. Esta ideología integracionista, que coexistió con las ya mencionadas ventas clandestinas de tierras, subsistió en la mentalidad oficial durante gran parte del siglo XX. Por ejemplo, la Ley 81 de 1.958, que planteó las relaciones Estado-indígenas en términos de desarrollo, se refería al "Fomento agropecuario de las parcialidades indígenas", y tomaba disposiciones relativas al otorgamiento de créditos, fomento del cooperativismo, tecnificación del campo y racionalización de la explotación de la tierra, cuyo objetivo era permitir que se dieran las condiciones económicas propicias a la integración¹⁴. Esta política se confirmó con las disposiciones sobre Reforma Agraria de los 60s y 70s: por ejemplo, la Ley 135 de 1961 y la Ley 4 de 1973 sobre la materia. Incluso desde el decreto 1634 1960, que creó el departamento de Asuntos Indígenas, encargado de procurar el bienestar y desarrollo económico de estos pueblos. La filosofía del integracionismo, actualizada para entrar en consonancia con el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 1.957 sobre integración de las culturas autóctonas a las culturas nacionales, pretendía llevarles los servicios del Estado para que se integraran rápidamente al desarrollo económico y social, para estar –cultural y materialmente- a la par con el resto de ciudadanos. Fue en esta época, en la que se comenzaron a dar interesantes re-clasificaciones legales de los grupos indígenas, tomando como eje el enfoque asimilacionista de la Ley 89 de 1.890; así por ejemplo, mientras que la Ley 31 1967 clasificaba a los indígenas en: "a) sociedades en etapa económicamente menos avanzada, regidos por sus propias costumbres y tradiciones; b) aquellos considerados ‘indios’ por ser descendientes de poblaciones de la Conquista o colonización y que viven más de acuerdo con las instituciones sociales, económicas y culturales de dicha época, que con las instituciones de la Nación a que pertenecen; y c) poblaciones semitribales que están próximas a perder sus características culturales, pero que no están integradas a la sociedad nacional"¹⁵, el Decreto 2117 de 1969, reglamentario de la ley 135 de 1961, los clasificaba en: "a) tribus nómadas o seminómadas que viven dentro de una economía rudimentaria de caza y pesca y mantienen escasos contactos con la sociedad nacional, y b) tribus que pertenecen a las altas culturas precolombinas, notablemente asimiladas a la cultura nacional". Por fuera de la pregunta sobre quiénes eran las "altas culturas precolombinas", es notable la variedad que pueden alcanzar las categorizaciones oficiales de lo diferente, con miras a implementar sus políticas.

El indigenismo en Colombia se opuso a la parcelación de los resguardos: en este sentido, el Instituto Indigenista de Colombia, creado el 20 de septiembre de 1.942, se alejó de las políticas del Interamericano –y por eso fue excluido de él-; fue particular y atípico, en la medida en que consideró que por las deplorables condiciones de vida en que se encontraban las parcialidades indígenas, se justificaba mantener los resguardos como una medida de protección económica necesaria para su incorporación igualitaria. Por lo mismo, el Instituto se opuso consistentemente a la fragmentación de dichas tierras, por lo cual fue blanco de grandes ataques sociales. A la larga, el Instituto Indigenista fracasó en sus políticas, en la medida en que aunque la república liberal desde López Pumarejo promovió la educación rural y la incorporación a través de ella de los indígenas que habitaban los territorios nacionales, se mantuvo sin embargo la política oficial de emprender contra los resguardos para parcelarlos, y aprovechar las tierras baldías para fomentar la colonización. Este proceso fue la causa del surgimiento de un nuevo movimiento indígena, que se consolidó desde la década de los 60 y ha sido el principal actor de las luchas indígenas contemporáneas en nuestro país.

DE LOS 60’S HASTA HOY: EL RENACIMIENTO DE LA IDENTIDAD

A partir de los años 60, el país fue testigo de una creciente movilización indígena, en torno a la reivindicación de su identidad y de sus derechos. Inicialmente asociada a las luchas campesinas que sacudían a Colombia, la organización indígena pronto se independizó, hasta que en 1.971 se conformó el Consejo Regional Indígena del Cauca, primera organización de su estilo. El CRIC tenía como objetivos, entre otros, la abolición del terraje, una mayor autonomía para los cabildos en el gobierno local, la defensa de los resguardos y de la propiedad colectiva de la tierra, y la lucha por la preservación su cultura. Para estos efectos, puso en circulación incluso un periódico: "Unidad indígena". De manera casi concomitante, se comenzaron a crear otras organizaciones regionales: el Consejo Regional Indígena del Vaupés (CRIVA) y el del Tolima (CRIT), y al poco tiempo, fue creada la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), encargada de coordinar la movilización de todos los indígenas del país. Hoy en día, hay 34 organizaciones indígenas regionales, coordinadas por la ONIC.

En estas condiciones, la reivindicación de la identidad indígena a través de la movilización y organización nacionales, han constituido no tanto el regreso a unas tradiciones pasadas, sino la instrumentalización de la identidad étnica, en respuesta a los retos impuestos por el mundo exterior sobre las comunidades. Al constituirse en el canal de acceso de los individuos a la participación política, y al darles un espacio de protección social, económico y espiritual, la identidad étnica, y la comunidad que sustenta, se convierten así en un actor social dotado de especial fuerza simbólica y política. En todo caso, la suficiente como para haber logrado una representación importante en la Asamblea Nacional Constituyente, y haberse garantizado no solo la participación en el órgano legislativo, sino la especial protección del Estado desde su formulación constitucional. Hoy en día, los indígenas cuentan con la prerrogativa de juzgarse por sus propias autoridades, y existe la previsión constitucional de entidades territoriales indígenas. Ello, fomentado por el reajuste conceptual de las relaciones Estado-indígenas que implicó la suscripción del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, y que dio pie a varias medidas anteriores a la Constitución de 1.991, como el fomento de la etnoeducación, la provisión de servicios especiales de salud, la adopción del paradigma del etnodesarrollo y el apoyo generalizado al movimiento indígena.

PROBLEMAS ACTUALES DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

Actualmente, los indígenas colombianos tienden a estar ubicados en la periferia, por haber sido marginados del sistema de producción. También en parte por sus patrones de ocupación tradicional; sin embargo, por el proceso arriba descrito, los indígenas que ocupaban regiones económicamente apetecibles fueron aniquilados o progresivamente desplazados. Igualmente, los grupos que permanecieron en la zona central fueron especialmente vulnerables al mestizaje. A pesar de ello, como ya se dijo, son sujetos de un proceso creciente de fortalecimiento de la identidad étnica.

A nivel de tierras, puede afirmarse que más o menos hasta 1980 hubo un casi total desconocimiento fáctico de la ley protectora de los resguardos, que se continuaron fragmentando y dividiendo sin cumplir los requisitos legales para que ello fuera posible. La división de los resguardos se generalizó durante el gobierno de Santos, a partir del cual se reforzó la imagen de los indígenas como parte de un patrimonio histórico de escasa influencia en la definición de la nacionalidad, en principio mestiza pero idealmente "blanqueada". En esencia, se trata de una permanencia histórica: el Estado en Colombia ha defendido por ley el régimen de resguardos, pero lo ha combatido de hecho por sus implicaciones económicas. La progresiva división de los resguardos ha sido facilitada con no poca frecuencia por el Incora, así como por la continuidad de las ventas clandestinas por falta de un sistema adecuado de supervisión.

El resguardo, como institución, trae algunas ventajas a los indígenas: les permite entrar al mercado con una seguridad mínima en cuanto a la permanencia de sus medios de subsistencia, así como tener acceso a tierras para lograr excedentes de producción, poniéndose al nivel de los productores campesinos sin perder por ello su calidad de indígenas. En esto radica la importancia de la tierra, hoy en día –además de su significación cultural-: es un medio para asegurar que el indígena no entrará al mercado de trabajo sin que se le garanticen unas mínimas condiciones de supervivencia cultural. A pesar de estar ventajas, el resguardo se ve enfrentado en gran parte a las mismas presiones que lo acosaron en la Colonia: no tiene poder para frenar la invasión de tierras por colonos, ni autoridad para frenar las ventas clandestinas, además de estar expuesto a la politización. Sin embargo, se trata de un importante agente de supervivencia cultural.

CONCLUSIÓN

A partir del anterior recorrido, pueden trazarse dos conclusiones fundamentales. La primera, sugerida por Roberto Pineda entre muchos otros comentaristas del asunto, es que el componente indígena no ha sido incorporado a la cultura e identidad nacionales, en la medida en que los indígenas han sido objeto de constantes representaciones, jurídicas y sociales, que les ubican como un Otro inalcanzable, en momentos más relevante que los demás, pero siempre diferente a la generalidad "mestiza". Asimismo, la representación jurídica del indígena, que en gran parte recoge visiones distorsionadas de su realidad, continúa informando la formulación de las políticas oficiales en torno de estos grupos.

La segunda conclusión, es que entre la situación actual de los indígenas y su trayectoria histórica, se pueden trazar múltiples continuidades. La repercusión internacional de su situación; la representación social y jurídica a partir de cánones externos a ellos mismos; la incorporación del discurso jurídico dentro de sus armas de defensa y resistencia frente al etnocidio históricamente constante; la exclusión de su realidad del imaginario nacional; la sujeción a la religión cristiana en tanto elemento necesario en el tránsito a la ciudadanía: factores estructurales como éstos, han informado y probablemente continuarán orientando la existencia de naciones que, como pocas, han podido pararse frente a la historia y defender su derecho a la existencia propia.

El reconocimiento de la sociedad moderna como un mundo plural en donde no existe un perfil de pensamiento si no una confluencia de fragmentos socio culturales, que se aleja de la concepción unitaria de "naturaleza humana", ha dado lugar en occidente a la consagración del principio constitucional del respeto a la diversidad étnica y cultural. Los Estados, entonces, han descubierto la necesidad de acoger la existencia de comunidades tradicionales diversas, como base importante del bienestar de sus miembros, permitiendo al individuo definir su identidad, no como "ciudadano" en el concepto abstracto de pertenencia a una sociedad territorial definida y a un Estado gobernante, sino una identidad basada en valores étnicos y culturales concretos. Para que la protección a la diversidad étnica y cultural sea realmente efectiva, el Estado reconoce a los miembros de las comunidades indígenas todos los derechos que se reconocen a los demás ciudadanos, prohibiendo toda forma de discriminación en su contra, pero además, y en aras de proteger la diversidad cultural, otorga ciertos derechos radicados en la comunidad como ente colectivo. En otras palabras, coexisten los derechos del individuo como tal, y el derecho de la colectividad a ser diferente y a tener el soporte del Estado para proteger tal diferencia.

El fuero indígena contempla dos elementos esenciales, el personal que establece si el indígena tiene o no derecho a ser juzgado por su comunidad y el territorial que hace referencia a si el hecho punible ocurrió dentro del ámbito territorial. En el caso presente el accionante no residía dentro de su resguardo y el delito se cometió fuera de los límites del mismo.

El principio de diversidad étnica y cultural, sustenta la constitucionalidad de la norma que restringe el asentamiento de no nativos en el Archipiélago de San Andrés y Providencia. La cultura de las personas raizales de las Islas es diferente de la cultura del resto de los colombianos, particularmente en materia de lengua, religión y costumbres, que le confieren al raizal una cierta identidad. Tal diversidad es reconocida y protegida por el Estado. El incremento de la emigración hacia las Islas, tanto por parte de colombianos no residentes como de extranjeros, ha venido atentando contra la identidad cultural de los raizales, en la medida en que, por ejemplo, en San Andrés ellos no son ya la población mayoritaria, viéndose así comprometida la conservación del patrimonio cultural nativo, que es también patrimonio de toda la Nación.

LIMITES DE ACCESO -CONSERVACIÓN-

San Andrés, Providencia y Santa Catalina son unas especies en vías de extinción, ya que la densidad y el desarrollo están desbordando hasta límites de no retorno el sistema biológico frágil de las islas. Al momento de confrontar las limitaciones a los derechos de los extranjeros y de los colombianos no residentes para ingresar, circular, residir, trabajar, estudiar, elegir y ser elegido en condiciones de igualdad en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, consagradas en el Decreto 2762 de 1991, con los objetivos de protección especial de la supervivencia humana, raizal y ambiental que autoriza el artículo 310 de la Constitución, se encuentra que los medios establecidos en aquellas no son de tal naturaleza o magnitud que rebasan los fines consagrados en éstos, de suerte que la norma no es contraria a la Constitución, siempre que el mencionado régimen sea en lo posible un régimen temporal, es decir que su vigencia se justifica sólo mientras se den las circunstancias especiales; se trata pues de una respuesta a un problema concreto, que al desaparecer éste debería igualmente desaparecer aquélla. Así mismo, las limitaciones a los derechos de las personas no residentes en el Departamento que nos ocupa deben ser entendidas en el sentido de que ellas no cobijan a las autoridades nacionales en el ejercicio de sus funciones.

PROTECCION DE LAS COMUNIDADES NEGRAS. ⁴¹

La Corte Constitucional protegió el derecho a la libertad de oficio de los pescadores de una comunidad negra al ordenar un monitoreo en el sector costero para superar cualquier secuela de la contaminación de las aguas marinas de un municipio, ocasionado por el vertimiento de petróleo. Lla contaminación y la degradación de los recursos naturales, en general, afectan gravemente el medio ambiente. Particular incidencia tiene el efecto degradante en las aguas marítimas porque no solamente afecta el sitio donde se produce el daño sino que tiene efectos expansivos de incalculables proporciones. Los Estados y las personas deben proteger la ecología. El daño ecológico marítimo afecta sobremanera a quien tiene por oficio la pesca. Y si este oficio forma parte de la cultura de una etnia, con mayor razón hay que proteger al pescador. Esa protección a la diversidad étnica, en el caso de una comunidad negra de pescadores, fortalece la protección a tal oficio porque éste integra su cultura.

DERECHO DE PARTICIPACIÓN DE POBLACIÓN NEGRA EN JUNTAS DISTRITALES DE EDUCACIÓN. ⁴²

Un representante de las comunidades negras, fue amparado por la Corte Constitucional pues se consideró agraviado por causa de la omisión en que había incurrido el Departamento Administrativo de Servicio Educativo Distrital al abstenerse de nombrarlo en la Junta Distrital de Educación. La Corte consideró que, se le había vulnerado su derecho a la igualdad y se dispuso la designación de un representante de esta comunidad. La participación de una población, tradicionalmente marginada del poder decisorio real, en el sistema de gobierno de la educación, es definitiva para lograr la cabal integración de la sociedad y el respeto y perpetuación de su valioso aporte cultural. Una forma de asegurar que hacia el futuro la educación no sea un campo de discriminación, puede ser, como lo intenta la ley, que representantes de la población negra tomen asiento en la juntas distritales de educación, junto a los representantes de otros grupos y sectores de la sociedad y del Estado. La participación negra en el indicado organismo estimula la integración social y el pluralismo cultural, y a ésos fines cabalmente apunta la ley educativa.

⁴³ La Corte señaló que la diferenciación positiva corresponde en el caso de las comunidades negras al reconocimiento de la situación de marginación social de la que ha sido víctima dicha población y que ha repercutido negativamente en el acceso a las oportunidades de desarrollo económico, social y cultural. Como ocurre con grupos sociales que han sufrido persecuciones y tratamientos injustos en el pasado que explican su postración actual, el tratamiento legal especial enderezado a crear nuevas condiciones de vida, tiende a instaurar la equidad social y consolidar la paz interna y, por lo mismo, adquiere legitimidad constitucional.

COMUNIDAD INDIGENA⁴⁴

La Corte Constitucional al declarar la exequibilidad del Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, suscrito en Madrid el 24 de julio de 1992, y de su ley aprobatoria No. 145 del 13 de julio de 1994, sostuvo que esta se encontraba enmarcada por el objeto que se persigue con la creación del Fondo Indígena, cual es dotar a los pueblos indígenas de los instrumentos y condiciones para que puedan lograr su propio desarrollo, con el respeto de su cultura, etnia y sus instituciones sociales, económicas y políticas.

IDENTIDAD CULTURAL. USO DE LENGUA NATIVA ⁵⁶

La Corte Constitucional al declarar exequible el inciso del artículo 43 de la Ley 47 de 1993, señaló que en las regiones del país que cuentan con una identidad lingüística propia, reconocida como oficial, se desarrollan los fines del Estado - proteger la riqueza cultural - cuando se exige al maestro que no ignore el uso de la lengua local. Ello no le impide establecer autónomamente los contenidos de su cátedra. Por el contrario, garantiza que su misión educadora sea eficaz y cumpla su propósito. La caracterización de Colombia como una comunidad multicultural impone al sistema educativo el deber de garantizar la continuidad y la identidad de las manifestaciones culturales propias. Nada más lejano a este objetivo que excusar al educador de comprender el lenguaje propio de la comunidad. Por otra parte, la negativa del Estado de fomentar, en el medio educativo, el uso de la lengua nativa oficial, supondría una violación a la igualdad, al discriminar, sin razón admisible, entre expresiones lingüísticas legítimas. El Castellano, en su condición de lengua mayoritaria, tiene la función de cohesionar a los colombianos. Es decir, es símbolo de unidad nacional, no de su homogeneidad. En definitiva, la generación de un marco democrático y de un ambiente de libre competencia y convivencia de las ideas, exige un profundo respeto por las manifestaciones lingüísticas de cada comunidad. En esta tarea, se repite, el educador juega un papel preponderante. El conocimiento de la lengua nativa oficial es muestra de debida consideración y respeto hacia dicha comunidad, factor decisivo para generar una cultura de paz en Colombia.

⁵⁷Un ciudadano instauró acción de tutela contra el secretario de Gobierno del Departamento del Guainía quien expidió una circular dirigida a los corregidores, inspectores departamentales y radio-operadores de equipos de radio de la Gobernación del Guainía, en torno a la prohibición de conferencias radiales de carácter político en un idioma diferente al castellano. La Corte Constitucional señaló que se vulnera el derecho a la igualdad de los indígenas y se provoca la incomunicación entre grupos y personas indígenas cuando se les prohibe la utilización de su lengua nativa para la difusión de mensajes por los medios masivos de comunicación, ya que la lengua nativa (curripaco para el caso) también es oficial en sus territorios (el Departamento del Guainía para el caso).

DERECHO A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA⁵⁸

Varios indígenas solicitaron ante la registraduría que se adelantara una proceso de cedulación de 7000 personas. Consideran los afectados que con la omisión de la Registraduría, se les están negando los derechos a participar en la vida política del país. La Corte Constitucional consideró que la omisión de la autoridad competente en atender el requerimiento de una persona para que se le expida la cédula de ciudadanía, puede implicar la violación de diferentes derechos fundamentales, como los de igualdad y petición, entre otros, pero especialmente en cuanto dicho documento es indispensable para ejercer el derecho al sufragio, el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. No existe régimen particular en cuanto a la preparación y expedición de documentos de identidad para los integrantes de las comunidades indígenas, es decir, con respecto a estas personas no existe en la ley tratamiento especial; por consiguiente sus miembros al igual que cualquier ciudadano deben acudir a los sitios donde el Estado presta el correspondiente servicio, pues no es su obligación localizar a la persona que no tiene cédula de ciudadanía, para proveerlo de la misma. Por ello, no se vulnera el derecho a la participación política de los miembros de las comunidades indígenas cuando no se acude a los respectivos resguardos para la mencionada cedulación, máxime cuando cada una de ellas no ha elevado una solicitud formal de cedulación ante la autoridad competente, como ocurre en éste caso.

El fomento a la colonización previsto por el artículo 63 de la Ley 48 de 1993 según la Corte Constitucional se encuentra conforme a la Constitución. Sin embargo, esa colonización deberá efectuarse dentro del marco de los principios, derechos y valores consagrados por la Constitución. Esto significa entonces que ella deberá respetar las orientaciones establecidas por las autoridades civiles y políticas. Las colonizaciones sólo podrán efectuarse en tierras baldías por cuanto no pueden desconocer el derecho de propiedad en general ni en particular los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo y aquellas que hagan parte del patrimonio arqueológico de la Nación, puesto que, conforme al artículo 63 de la Constitución, todas ellas son inalienables, de manera que el fomento a la colonización previsto por el artículo impugnado tiene legitimidad constitucional únicamente si se efectúa de acuerdo a los principios del desarrollo sostenible constitucionalizados por la Carta de 1991, de lo cual derivan restricciones y limitaciones.